La diversidad biológica –la variabilidad de la vida sobre la Tierra– es vital para el bienestar humano. Pero hoy la biodiversidad enfrenta una amenaza sin precedentes, causada por las actividades humanas. Esta amenaza suele empeorar a causa de las políticas sociales y económicas descaminadas que alientan el consumo no sostenible de nuestros recursos biológicos, la degradación de los ecosistemas y la extinción de las especies. Como consecuencia, la capacidad de la biodiversidad de brindarnos los productos y servicios vitales –que van desde la protección del caudal de las corrientes hasta los cultivos resistentes a las enfermedades y nuevos medicamentos– está sufriendo una erosión peligrosa.

Los gobiernos del mundo responden a la crisis de la biodiversidad mediante el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. Dentro de este contexto, han lanzado una completa serie de programas y actividades para tratar las diversas causas de pérdida de la biodiversidad. Varios de estos programas tratan de la necesidad de comprender mejor los desafíos sociales, económicos y jurídicos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Con el apoyo de una nueva división dentro de la Secretaría del Convenio, los gobiernos están buscando soluciones para estos desafíos:

Acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios

Hasta hace poco, se consideraba que todas las plantas, los animales y los microorganismos eran parte del legado común de la humanidad. Los buscadores de minas extranjeros se sentían libres de tomar estos recursos biológicos de sus países de origen y usarlos para crear drogas y otros productos comerciales. Empresas extranjeras vendían los productos resultantes bajo la protección de las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Mientras tanto, el país de origen –normalmente del mundo en desarrollo, donde se encuentra la mayor parte de la biodiversidad– no recibía ningún beneficio de la explotación comercial de sus recursos.

En virtud del Convenio sobre Diversidad Biológica, la comunidad internacional ha acordado que todos los Estados tienen la soberanía sobre sus propios recursos genéticos y, por lo tanto, tienen derecho a la “distribución justa y equitativa de los beneficios” que brindan estos recursos. Los gobiernos están comprometidos a facilitar el acceso a los recursos genéticos bajo “condiciones mutuamente acordadas” y sobre la base del “consentimiento previo informado” del país de origen. Este país tiene el derecho de beneficiarse con la explotación de sus recursos en forma de pagos financieros, muestras de lo recolectado, la participación o capacitación de investigadores nacionales, la transferencia de equipo de biotecnología y el “knowhow”, o una participación en las ganancias del uso de los recursos.

En la actualidad, un Grupo de Trabajo está creando guías internacionales sobre el modo de llevar a la práctica los conceptos de la distribución de beneficios y el acceso a los recursos genéticos. Entre tanto, los gobiernos adoptan legislación nacional en este campo y exploran diversos tipos de planes para la distribución de beneficios.